La preocupación ciudadana por la seguridad pública ha déplazado los temores anteriores por los abusos a los derechos humanos de las dictaduras militares. Actualmente, la superposición de la defensa nacional con el orden interno prevalece en la agenda ciudadana y simultáneamente corroe la debilidad institucional vigente en América Latina. Ninguna intención de discutir la legitimidad de la petición de paz y seguridad del alcalde. Me interesa que se devalúe la democracia y que el uso de las fuerzas armadas para mejorar la seguridad contribuya al deterioro de la institucionalidad de los gobiernos latinoamericanos.
En numerosos países del continente, las fuerzas armadas se ocupan de la seguridad, además de funciones profesionales de defensa del Estado y de los habitantes. La policía está abrumada por la dimensión de la amenaza mafiosa del narcotráfico, como corrupta por los recursos que esta actividad ilegal genera. En Argentina, puedes acudir a la Gendarmería, una fuerza policial militarizada entrenada con estándares más altos que las policías. No hay una fuerza intermedia similar en la mayoría de las naciones de la región. Chile sí cuenta con los carabineros. México sostiene un simulacro incompetente con la reciente creación de una guardia nacional, prometida por Andrés Manuel López Obrador, en campaña presidencial, que finalizó en una sátira. Brasil tiene una pequeña Policía Militar. Se entiende que estas fuerzas nacionales tienen una preparación más específica para enfrentar delitos complejos. No suelen residir en el mismo lugar en el que deben actuar y por ello son menos permeables a la corrupción. Al menos en teoría…
Ante el fracaso estatal para probar orden público, suena natural que los militares y policías se amalgamen. Se naturaliza una vía represiva. Cuando los militares patrullan calles, fiscalizan documentos de identidad, alimentan a la población carenciada o rastrean información en barrios peligrosos, avanzan hacia una mayor intervención en el sistema político. Investigar delincuentes roza, peligrosamente, el control sobre los ciudadanos.
Los tienen una instrucción militar específica para realizar las tareas que corresponden a su rol. Entre ellos no está la imposición de la ley, que es la función central de la policía. Gobernantes, tanto de derecha como de izquierda, recurren a las fuerzas armadas para sus multas políticas, y ello aleja el necesario perfeccionamiento de las fuerzas policiales, duplica recursos estatales y deriva frecuentemente en abusos hacia la ciudadanía.
Al mismo tiempo, los militares retornan como salvadores de la patria. Ya sea para producir mascarillas ante la pandemia o fortalecer las instituciones de seguridad pública. Los gobiernos convocan a los oficiales, mientras la sociedad aplaude su intervención. La popularidad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ejemplifica esta confusión. La narrativa oficial ahonda en esta maraña, aludiendo a un discurso de miedo. Está en juego la vida. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, autoriza a los civiles a portar armas, provocando mayor violencia.
Es comprensible que la sociedad pida estabilidad y confianza. Porque no importa que esta protección brindada por el Estado vulnera los principios de división de poder, respeto de los derechos humanos y alternancia política, sustento inexcusable de la democracia. Por cierto, la democracia es un valor depreciado inclusive en naciones pioneras en su fundación y su protección. En los múltiples casos en que la idea republicana no llegó a consolidarse, es urgente e ineludible blindar su defensa. La militarización del orden público y la consiguiente devaluación de la democracia se derivan de la ineptitud, la desatención y la prepotencia de los gobernantes.
*Red de Politólogas, investigadora principal del Conicet. Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
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