El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó un proyecto que autoriza la práctica de una prueba de estupefacientes para funciones municipales en la capital provincial.
Diego Casado, del oficialismo, fue el edil que presentó el proyecto. Por lo tanto, será necesario incluir controles sobre el consumo de psicotrópicos ilegales a quienes ocupen las naves de carga electiva en la ciudad.
Luego de la sesión, Casado dijo que «se acaba de aprobar la norma de mi autoridad qui demande à la política, más precisamente a los candidatos electos como a los nombrados funcionarios por decreto, la presentación obligatoria del certificado negativo de presencia de drogas ilegales para el ejercicio de la función pública».
El artículo nuevo, el 50 Bis del Código Electoral, establece que deben someterse al narcotest el intendente, el viceintendente, los concejales y los tribunos, los secretarios y los subsecretarios, los directores y los subdirectores. También alcanza a quienes ejerzan «funciones de jerarquía equivalente» a esos cargos, sin especificarlo y dejándolo para interpretaciones futuras.
El test se hará una vez por año, de manera aleatoria. Quienes no presenten el certificado negativo serán suspendidos.
Si la iniciativa fue convertida en ordenanza este jueves, aún falta que la Municipalidad de Córdoba reglamente para que comience a implementarse.
Casado pertenece al bloque Hacemos por Córdoba, misma fuerza política que el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora.
No todos votaron un favor
Laura Cubas, del Frente de Izquierda y los trabajadores, fue la única concejala que votó en contra. Otras abstenciones concedidas: Daniela Sacchi (UCR) y Gabriela Pauli (Fuerza de la Gente).
Cubas cuestionó la iniciativa al calificarla de «regresiva» y aclaró que el proyecto puede apartar a quienes sufren «una enfermedad». Consta que allí el intendente Martín Llaryora sufrió la intervención de Fueras Armadas para evitar la «desgracia del narcotráfico como en Rosario». “El intendente promete mano dura para así mostrar políticas que despeguen a Córdoba de Rosario”, agregó. Al mismo tiempo, se mostró sorprendida por la celeridad en el tratamiento.
Diego Casado apuntó a despejar cualquier vinculación de los funcionarios con los narcos, Para el concejal “no es admisible ni resiste discusión alguna que quien tiene responsabilidad estatal tenga vínculos con el consumo problemático de drogas. ¿Cómo podría un político enfrentar al narcotrafico en caso de ser consumidor de estas sustancias? Pondría en riesgo un montón de cosas, ni hablar de la connivencia entre el funcionario y el narco. La honestidad del funcionario público debe ser integral. Es momento de empezar por nosotros sin hipocresía, con seriedad y coraje”, sentenció.
Ahora deberá esperar que el ejecutivo municipal regule y ejecute la aprobación.
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