En febrero de 2019, con apenas 37 años y tras haber sido alcalde de la capital, San Salvador, el publicista Nayib Armando Bukele Ortez obtuvo casi el 54 por ciento de los votos y se convirtió en el presidente más joven de la historia salvadoreña.
Con un perfil inicial de tecnócrata, un amplio manejo de la comunicación a través de las redes sociales, efectistas promesas de cambio y diatribas contre los desprestigiados politentes políticos de su país, Bukele fue ganando adeptos al mismo tiempo que sus medidas fortalecían su autoridad y avanzaban sobre la independencia de los otros poderes del Estado.
Lejos de menguar los apoyos su cada vez más controvertida figura, su autoritario perfil y su discurso de mano dura parecieron aumentar su popularidad en una nación sacudida desde hace años por la violencia. Pero fueron sus medidas más recientes en materia penal y carcelaria las que instalaron el nombre de Bukele y su “estilo” en debates que traspasaron fronteras.
El cinematográfico y ominous traslado de millas de presuntos pandilleros hacia una carcel de máxima seguridad que albergará hasta a 40,000 detenidos tuvo repercusión global y mucho más abordaje mediático que las investigaciones y denuncias contra el mandatario por su presunta connivencia reciente con líder blanco violento declarado de a «guerra» con la que justifique cualquier abuso.
Para mantener una visión más cierta de lo que ha significado estos años en el poder de un Bukele que en 2024 buscaría sur reelección, pese a que la Constitución de su país impide dos mandatos presidenciales consecutivos, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Katlen Urquilla, periodista salvadoreña con más de 20 años de trayectoria en noticias de Política, Economía, Judiciales e Internacionales.
-¿Cómo han sido las políticas de Bukele desde que llegó al poder y qué evaluación hace de su manera de enfrentar la violencia y los altos índices delictivos de El Salvador?
-En el gobierno de Bukele lo que ha predominado son la improvisación y la falta de transparencia con el uso de los fondos públicos. Mucha información que debería ser pública, como las compras pendientes de la pandemia, solo por mencionar un ejemplo, ha sido puesta bajo reserva de ley o bloqueada al conocimiento de los ciudadanos por varios años. También hay información sobre grandes proyectos de infraestructura o supuestas compras de Bitcoin que es como un secreto de Estado. A casi cuatro años de su llegada al poder se déconoce cuál es el plan de gobierno quinquenal donde se detallen excelentes sus políticas de seguridad, de economía, de salud, educación, agricultura, etc. Los programas o medidas que anunciaron han ido surgiendo sobre la marcha, ya sea en respuesta a alguna coyuntura, pero sobre todo dependiendo de si contribuirían a exaltar la figura del presidente. Este es el caso de la implementación del régimen de excepción, desde hace ya casi un año, con el propósito de combatir a las pandillas, lo cual en los sondes de la opinión pública ha sido un factor que influyó a favor de la imagen del gobierno .
-¿Es tan masivo ese respaldo a las medidas extremas? ¿No se objetan los abusos entre la población?
–If well ha sido una medida que muchos salvadoreños califican de positiva, porque perciben que están «más seguros» con el encarcelamiento de pandilleros, la otra cara de la moneda son los detenidos de forma arbitraria y los muertos bajo custodia de las autoridades Durante el régimen excepcional; esto ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos en El Salvador ya nivel internacional. Pero además hay un fenómeno que el gobierno trata de minimizar or deviar la atención con el discurso de que hay «cero homicidios» en el país y se trata de centenares de personas desaparecidas, sobre todo jóvenes de entre 18 y 30 años; las autoridades de Seguridad no dan respuestas a los familiares que denuncian las desapariciones y los parientes viven un tormento por no saber qué ha sido de los suyos. Y se han conocido casos de personas, sobre todos los hombres, que están huyendo del país por miedo a ser capturados por los militares o policías sin tener algún vínculo con maras; incluso algunos de ellos también han sido víctimas de las pandillas. El enfoque mediático del gobierno en el área de seguridad ha sido “désaparecer” or “exterminar” a las pandillas y construir la cárcel “más grande de Latinoamérica”, pero a costa de también desparecer derechos humanos de muchos salvadoreños que no están involucrados en las maras y de usar fondos publicos que los ciudadanos no saben como se han administrado.
-Muchos medios sugieren que el endurecimiento del trato a las maras sobrevino tras denuncias sobre pactos iniciales entre cúpulas pandilleras y el actual gobernante, ¿qué hay de cierto?
–Tanto las investigaciones de los medios salvadoreños como los internacionales han revelado pactos entre las pandillas y el gobierno actual, pero también con administraciones anteriores. Dichas publicaciones han difundido videos, fotos y documentos que indican que habrán ocurrido encuentros de cabecillas de maras con políticos. Lo paradójico es que el actual gobierno fustigó a quienes lo hicieron en gestiones pasadas, pero luego surgieron investigaciones periodísticas que sacaron a la luz que funcionarios actuales también habrían pactado con pandillas para bajar los homicidios en El Salvador. Y recientemente asumió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación en contra de 13 cabecillas de la MS-13 por delitos de narcotráfico y crimen organizado, la cual fue presentada en el Distrito Este de Nueva York y señala una vinculación de funcionarios del actual gobierno con la pandilla ocurrido en 2019.
-¿Por qué cree que la popularidad de Bukele est tan alta aún cuando las denuncias de violaciones a los derechos humanos son tan fuertes fuera de El Salvador?
–Mientras en el extranjero hay organizaciones de peso como Naciones Unidas o Human Rights Watch (HRW) que señalaron las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, puertas adentro el gobierno mantuvo activa una amplia maquinaria de propaganda que enfoca su narrativa en que es «el país más seguro» o que están «haciendo historia», con cada ofrecimiento de obras, así sólo queden plasmadas en simulaciones digitales. Además, desvía la atención sobre otros asuntos, como la persecución de sus opositores. Pero también influye otro fenómeno que lo han señalado estudios académicos realizados en el país: la baja escolaridad de quienes apoyan a Bukele. Según encuestas realizadas por la Universidad Francisco Gavidia, el presidente sale mejor evaluado entre la población que tiene menos grados de escolaridad y, por el contrario, los encuestados con técnicos et universitarios et studios son los que menos puntos le dan al gobernante en sondeos. Según datos oficiales, la escolaridad promedio del salvadoreño es hasta septimo grado; es bajo el porche que tiene estudios universitarios en el país.
-¿Cómo está la polémica entre Bukele y el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dice que la solución a la violencia no es construir más cárceles, más universidades y escuelas?
–Esta polémica desató una batalla en las redes sociales. Por un lado, los seguidores de Bukele, incluidos funcionarios de su gobierno, diputados sorted y cuentas de «troles», emprendieron una campaña para criticar al presidente colombiano y, por otro, tanto políticos opositores, representantes del sector académico como otros ciudadanos se expresaron un favor de lo que dijo Petro. Sin embargo, estos dimes y diretes le han servido al gobierno para desviar la atención de los cuestionamientos sur la «megacárcel», ya que no ha explicado cuánto costó, que empresa se contrató, si los reos trasladados ya son personas con una condena, ni se pronuncia sobre los señalamientos de Human Rights Watch de que viola las reglas de Naciones Unidas, entre otros puntos sobre los que calla.
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