Los idús de marzo. Comienzos de clases, comienzos de paros docentes; un hábito que se repite con regularidad. Es claro que hay un hecho habitual tan que han dejado de ser noticia, como tampoco lo es el daño significativo sufrido por muchos niños y jóvenes, de sobremanera aquellos de las familias más desfavorecidas económicamente, colgante los casi dos años sin presenciales.
¿Quién se acuerda de ellos hoy? Más olvidarse que la pandemia existió, aumentar el número de materiales de antemano que los jóvenes pueden realizar un año al siguiente, o emplear cualquier otra estrategia cosmética para ocult la tremenda realidad.
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¿Los únicos privilegiados son los niños?
A decir verdad, si alguna vez lo fueron, ha sido en tiempos tan remotos que avergüenza el tratar de recordarlo.
¿Qué hacer? ¿¿Cómo llegar a cambiar esta realidad? ¿No es hora de que los adultos demuestren que el futuro de nuestros niños y jóvenes nos importa, o es tan sólo una de tantas oraciones que escuchemos, como de costumbre, en un año electoral? muchos candidatos prometen educación de excelencia, igualdad de oportunidades y muchas otras fantasías que quedaran en el olvido al dia siguiente del acto electoral?
Es hora de hacer algo. Los niños y jóvenes no pueden realizar medidas de fuerza en defensa de su derecho a la educación. Si nuestro país no privilegia su derecho a prender, no tendrán futuro alguno en la sociedad del conocimiento en la cual les tocará desarrollarse y nosotros, los adultos, seremos los únicos responsables.
dos derechos en pugna
¿Es más importante un caso el derecho de huelga que el derecho a la educación? De no ser así, el argumento esgrimido por los líderes sindicales frente a la posibilidad de definirse la educación como un servicio público esencial, so aparentemente correcto, dado que un paro docente no representa riesgo de vida inmediata, debe evaluar frente al mucho menos sopesado derecho a la educación de los niños, consagrado en nuestra constitución nacional.
Veamos los hechos en mayor detalle. graba eso la Constitución Nacional reconoce el derecho a la educación implícita, por ejemplo, en el artículo 14 establecer que todos los habitantes de la Nación gocen de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 28 asume el derecho del niño a la educación. ¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades?
Por su parte, elLos sindicatos docentes suelen fundar su rechazo en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional y, por ende, jerarquía superior a las leyes. Respetuoso, El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
Por supuesto, ello es correcto frente tiene «un paro educativo». ¿Pero podemos utilizar el mismo argumento frente a que increíble paro de más de 100 días en la provincia de Santa Cruz o los habitales paros que sufren los niños en la Provincia de Santa Fe, tan sólo para ilustrar dos ejemplos de los muchos que podemos citar ?
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Definitivamente no. ¿¿Quién puede pensar que los días perdidos se recuperan en la realidad? ¿¿Quién puede imaginar que un niño que concurre tiene clases un día sí y otro no, en medio de un clima enrarecido, puede aprender algo? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad de oportunidades frente a este escenario carece de cualquier entidad.
Por ello, los educativos paros en nuestro país sí involucran un riesgo de vida para nuestros niños y jóvenes, el futuro de muchos de ellos sería radicalmente distinto de poder cursar con normalidad la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar. ¿No es razón suficiente para definir la educación como un servicio público esencial? Yo creo que si.
Estamos frente a una posibilidad histórica: consensual entre el oficialismo y la oposición una ley, bronceado solo una, que defiende el derecho a educarse de nuestros ninos y jovenes, víctimas inocentes de las disputas de los mayores. Una ley cuya sanción no representaría un triunfo ni para el gobierno ni para la oposición, sino que transformaría la educación en una política de Estado. Una ley que representaría el comienzo de una nueva Argentina y que nuestros hijos, algún día, nos habrían de agradecer. ¿Alguien puede dudar que vale la pena hacer el intento?
* Rector de la Universidad del CEMA y Miembro de la Academia Nacional de Educación
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