La Comisión de Juegos de Puerto Rico informó el 23 de septiembre de 2025, en San Juan, que los recaudos por la explotación de máquinas tragamonedas en ruta superaron los $8,5 millones, tras la implementación de la nueva ley que fortaleció la fiscalización del sector. El dinero entra directo al Fondo General y, al alcanzar los $12 millones, comenzará a distribuirse a retiro de la Policía, municipios y operación regulatoria, lo que subraya el impacto fiscal y social de esta actividad.
El responsable principal de la Autoridad de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, subrayó que la segunda etapa de recaudación se inició el 10 de septiembre de 2025. “Apreciamos el contexto trascendental de esta industria… hemos iniciado la segunda etapa de recaudación por la operación de las máquinas de juegos de azar”, declaró. Conforme a la normativa actual, los primeros $12 millones se asignan por completo al Fondo General.
Después de superar ese límite, se destinará un 55% al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, un 40% a los municipios y un 5% para cubrir los gastos operativos de la comisión. “Estamos a punto de llegar a los $12 millones… lo que permitirá empezar a fortalecer el fondo del Retiro de la Policía”, señaló Santaella, quien también instó a comerciantes y mayoristas a obedecer la ley para evitar multas y la revocación de licencias.
El proyecto de inspección se extenderá en colaboración con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, aumentando las visitas a locales durante los días venideros. “La mayor parte de los propietarios está cooperando, pero destinaremos los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa”, expresó el oficial. La población puede informar violaciones de manera anónima en el portal de la comisión.
El auge de las tragamonedas se da en un contexto de repunte del entretenimiento regulado. De acuerdo con Alfredo Martínez, director del Negociado de Juegos de Azar de la comisión, en el año fiscal 2024-2025 los ingresos de juegos de azar totalizaron $362 millones: $179 millones para casinos y $183 millones para el gobierno. Martínez señaló que en tres años las jugadas aumentaron en $52 millones, evidenciando mayor tracción del segmento.
Los $183 millones provenientes del sector público fueron repartidos entre entidades como la Universidad de Puerto Rico, Hacienda y el Fondo de Turismo, respaldando tanto servicios cruciales como la promoción del turismo. Este ingreso, junto con el nuevo modelo de máquinas de ruta, fortalece el rol del juego controlado en la recaudación y en la sostenibilidad de fondos de importancia estratégica.
Próximos pasos: el regulador prevé intensificar inspecciones, consolidar el registro de operadores y mantener campañas de educación y cumplimiento. Resta por confirmarse el número y texto de la ley que habilita el nuevo modelo de fiscalización, así como el detalle de metas trimestrales de recaudación y las métricas de sanciones aplicadas hasta la fecha.
