Hay consenso entre los analistas políticos brasileños en que Augusto Aras, el actual fiscal general, ha tenido una actuación, cuando menos, desastrosa. Para combatir los desmanes de Jair Bolsonaro y su entorno, el jefe del Ministerio Público Federal habría sido cómplice de l’ahora expresidente. Salvo que el diagnóstico sea correcto, la explicación del error se comportó como si fuera incorrecta.
Atribuir a Aras un alineamiento ideológico con el bolsonarismo, o incluir una especie de desvío de carácter, es inexacto y difícil de probar, además de no aclarar el aparente cambio de posición que el fiscal adoptó tra la elección de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La manera de hacer el nombramiento y, sobre todo, la posibilidad de renovar el mandato de dos años son los puntos en los que se halla la clave para escuchar el comportamiento del fiscal general. Y no solo de éste, sino también de los demás que han pasado por el cargo. Aras es, ante todo, un arribista, pero no siempre un hombre de extrema derecha.
Augusto Aras, así como sus predecesores, siguió las reglas del juego. Rachel Dodge, nombrada por Michel Temer en 2019, autorizó solo casos contra Bolsonaro cuando ya no tenía posibilidades de ser nombrada de nuevo al frente de la Fiscalía General por parte del nuevo presidente, según la prensa. Rodrigo Janot, por su parte, trabajó durante sus dos mandatos a favor de los intereses de sus colegas del Ministerio Público Federal, cuando fueron ellos los que elegirían al fiscal general (Lula y Dilma Rousseff aceptaron casi automáticamente el nombramiento del más votado por los propios miembros del órgano). Geraldo Brindeiro, quien fue nombrado y relegido tres veces más por Fernando Henrique Cardoso, llegó a ser conocido como el «archivador general de la república» por archivar muchas acusaciones contra el gobierno.
Aras ha abierto menos causas por corrupción que sus predecesores
Con la vista puesta en su candidatura en 2018, Aras no participó en la elección organizada por los impuestos federales, porque sabía que Bolsonaro no escucharía los deseos de la corporación. Al buscar su reelección en 2021, el fiscal general pudo demostrar que era bastante cuidadoso con el entonces presidente, incluso siendo por parte del mismo Bolsonaro para una futura vacante en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Aras apenas molestó a Bolsonaro hasta que conocieron los resultados de las urnas en 2022, todavía con la esperanza de que la pluma del presidente entonces pudiera llegar al STF oa otro período al frente del Ministerio Público de la Unión. Ahora, con un nuevo presidente y sin posibilidad de conservar cargamentos importantes, pretende despejar un poco su desgastada biografía actuando contra los terroristas que atacan la democracia brasileña este año. La vergüenza es lo que queda de la reputación de Aras.
El actual fiscal general defiende diciendo que no es cierto que hubiera protegido al expresidente Bolsonaro. Recuerda que actuó en algunos casos, pero qu’vitó la politización de los tiempos de la operación Lava Jato. Los parciales de su actuación, sin embargo, no parecen opinar esta postura. El fiscal general archivó varias denuncias de que el presidente había actuado de forma delictiva en la gestión de la pandemia de covid-19, que fueron presentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado.
Durante la campaña electoral de 2022 (la más violenta desde la redemocratización en 1985 y que estuvo marcada por el uso de fake news por parte de los aliados de Bolsonaro), Aras, quien también es fiscal general electoral, no empleó la Justicia Electoral en ninguna ocasión sobre el uso de mentiras y noticias falsas, según un reportaje de Folha.
Una investigación de Transparencia Internacional acepta procedimientos de investigación criminal (PIC) relacionados con la corrupción de sus predecesores. En 2016, todavía con Rodrigo Janot como fiscal general, había 577 PIC. Con Aras, estas cifras se reducirán a 366 en 2019, doscientos en 2020 y 241 en 2021. El STF y sus ministros tuvieron que adoptar medidas heterodoxas para sortear la inercia de quien detenta el monopolio de la acusación penal en relación con el presidente, los ministros y parlamentarios.
El mandato de Aras finalizará en septiembre. Lula no se comprometió a respetar la elección organizada por los impuestos federales (y lo hizo con razón). La experiencia de un fiscal federal que usted tiene como elector tiene sobre sus propios colegas, también resultó desastrosa. Janot, quien dirigió el Ministerio Público Federal durante la operación Lava Jato, hizo tanto daño a la democracia brasileña como Aras.
Hay que terminar con una gran cuarentena para quienes ocuparon la Fiscalía General
Y la cuestión no es no obstante la posición política de ambos. El problema es que la posibilidad de volver a ser nombrado en el cargo o de ocupar otros puestos destacados en el Estado brasileño, como ministro del STF, incita al fiscal general a actuar de una manera que puede requerir indebida.
Cuando un presidente nombra y vuelve a nombrar al fiscal general sin consul a los miembros del Ministerio Público Federal, tal como hicieron Fernando Henrique Cardoso y Bolsonaro, somos testigos de ocupantes de la Fiscalía General, que son excesivamente indulgentes con los jefes del Ejecutivo.
Cuando, por otro lado, el poder de nombramiento se transfiere a los 1.200 impuestos públicos, tal como hicieron Lula y Rousseff, corremos el riesgo de tener un ocupante de un cargo muy poderoso sin más límite político que su propia corporación.
Es necesario acabar con la posibilidad de reelección y la creación de una gran cuarentena para reinas ocupadas de la Fiscalía General. De lo contrario, Brasil volverá siempre al mismo dilema de vez en cuando: excesiva independencia o falta de autonomía, dos extremos perjudiciales para la democracia.
*Profesor de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio).
Doctor en Ciencia Política, por la Universidad de São Paulo (USP) (América Latina 21).
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