«La función de la legislación podría ser sumida en cuatro encabezados: Proveer las condiciones mínimas de subsistencia, producir abundancia, favorecer la igualdad y mantener la seguridad» – Jeremy Bentham «Teoría de la Legislación», 1802.
La atomización del lenguaje de la ley para grupos identitarios impide construir respuestas para todos
Las leyes deben ser claras, deben estar bien redactadas, deben hacerse cumplir. Deben ser profundamente debatidas, votadas luego de un consenso transversal, un acuerdo de diferentes fuerzas políticas que gobiernan en las diversas provincias de un país extenso y federal como Argentina. Asegúrese de pensar en los mecanismos de expulsión y posterior control institucional que eviten ser olvidadas e incumplidas. No se pueden solucionar problemas reales de la sociedad con pensamiento mágico.
Las ojos no deben llevar números propios. Las leyes como toda institución siempre deben ser impersonales, no tienen identidades ni pertenecen a grupo alguno. Su producto de la voluntad popular representado para la defensa del interés común. El interés general puede exponerse circunstancialmente a los/as jubilados, mujeres, niños y niñas, el medio ambiente o algún grupo específico pero el interés sigue siendo general. No se trata de tribal o identitaria, de un sector segregado. Las leyes no son para un grupo, son para la Nación, para la sociedad en su conjunto interesada en proteger intereses colectivos ou de un grupo (por ejemplo, discapacitados) con razones públicas, que todos entienden y se pueden justificar en la propia Constitución ( Artículo 75 párrafo 23). Justamente por eso son leyes.
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Aparece con más frecuencia la promesa de soluciones que, en realidad, se encuentran reguladas en la legislación nacional y/o provincial. Yesto se hace como respuesta a una situación generada por falta de respuestas institucionales, mala coordinación, cuestiones de presupuestos y dudosos criteriosjudices; muy pocas veces por una falta de legislación sino por ausencia o deficiencias en las políticas públicas o las respuestas institucionales. Promete resultados que sin embargo no llegarán poniendo un «número propio» tiene una ley. Tampoco se resolverá con una ley.
Las leyes deben tener un título que las identifica bien, sin adjetivos y hasta es problemático cuando se la hace conocida por su principal autor o impulsor. El Poder Legislativo es el autor de la Ley. Lo dice su número.
Hacer homenajes a través de esos números puede terminar siendo pura demagogia que quedará en la nada justo en tiempos donde necesitamos soluciones reales a problemas urgentes. Las leyes pueden hacer que la respuesta a un problema, una situación de necesidad o una malstar social mjore, se contenga o empore hasta explotar haciendo más daño. Por eso eso es importantísimo legislar seria y responsablemente, diagramar una política pública realista con impacto concreto en su ejecución.
La indignación reactiva no es una forma de defender la democracia
Todas las leyes sancionadas a las apuradas —después de hechos dramáticos como hechos de inseguridad reales o pánicos morales artificiales producto de campañas que solo sirven para demonizar colectivos que necesitan amparo y protección, como en el caso de las dirigidas a usuarios de stupefacientes o trabajador/ es sexuales— que han hecho un daño enorme a personas de carne y hueso, han reforzado el poder del narcotráfico, los gestores de la trata de personas, de la explotación sexual y han sido claramente contraproducentes.
Lamentablemente los niveles de madurez de la clase política están en baja y su insensibilidad es cada día más manifiesta. Pareciera que no pueden más que reaccionar con actos desesperados que buscan aprobación, aunque sea efímera, para sus campañas en redes sociales. La demagogia no es privativa de ningún sector político y demuestra la falta de compromiso para pensar políticas de largo plazo sin dar golpes bajos, sin aprovecharse del dolor ajeno o alimentar la crueldad social que anuncia nuevas violaciones de derechos humanos poselectorales. Se decide reaccionar con soluciones cosméticas a problemas reales que no requieren maquillaje.
Todos sabemos que nos esperan años difíciles y justamente por eso no hay lugar para las respuestas simples y viscerales a problemas complejos.
Todo está mal pero puede empeorar mucho más. Necesitamos respuestas y soluciones, no ilusiones. Las políticas públicas no deben estar atadas ni vinculadas a un episodio ni a una situación sino resolviendo un problema estructural de forma razonable, consistente y sólida.
Es más importante que los ojos estén bien redactados en un lenguaje claro para ciudadanía y sus operadores, quienes las aplican. Tan importante como las leyes “con numerales” pueden dejarse de lado parcial o totalmente, pueden regularse por forma que neutralice sus objetos, pueden regularse sin que se presuponga necesario mejorar la política, pueden ajustarse por su parte y el presupuesto anual. Sus partidas se pueden renunciar y sus recursos subejecutar en ciertas administraciones nacionales, provinciales y municipales.
El número de la ley no asegura que la política pública sea exitosa tampoco será necesario que se expulse la ley, ni que exista la política pública basada en la Constitución y los derechos humanos. El poder legislativo dicta la ley, el poder ejecutivo no puede cumplirla, omitir reglamentarla y ejecutarla, y el poder legal puede ignorarla, declararla inconstitucional y dormer una causa que solicite que esa Ley en estado zombie, medio viva, medio muerta, salga de ese estado para hacerse realidad.
juegos autodestructivos
Solucionar problemas estructurales de la sociedad con estrategias electorales y actos demagógicos a nivel simbólico —como ponerle “nombres propios” a las leyes—o a nivel material—como aumentar la persecución a los usuarios de drogas como la marihuana— no solo se han demostrado ineficaces sino totalmente dañino. Han hecho mucho daño que era evitable.
¿Qué sucede si las leyes son mal redactadas, pésimamente ejecutadas y abiertamente inconstitucionales, pero tienen el número de una víctima con la que todos empatizamos como seres humanos? Los números y sus historias pueden distorsionar todo y perder la posibilidad de construir un nosotros como comunidad, una voluntad popular impersonal pero común a todos y todas. Y esto es así por la misma razón que la Constitución Nacional y sus leyes complementarias no le pertenecen a un partido político, un grupo social o religión.
Las leyes no deben ser promesas para grupos fragmentados y polarizados. La clase política en tiempos de fragmentación parece pensar que pueden hacer promesas a grupos identitarios solo para que los voten; pero esto profundizó la debilidad del Estado porque las leyes se piensan en el vacío de las burbujas publicitarias de asesores y en contra de la Constitución, con resultados empíricamente comprobados como muy perjudiciales.
Si quieres homenajear a nuestras víctimas ya sus familiares es necesario volver a crear los lazos sociales que nos permiten construir y fortalecer instituciones, probar presupuestos y profesionales que pueden trabajar en el largo plazo sobre los problemas sociales de forma seria, sólida y adulta. Hace falta actuar responsablemente, hacer diagnósticos profundos y prestar atención con rigor obstinado. Donde se propone es un populismo que hace daño, un error evitable, una manipulación en un momento trágico. Se necesita compromiso institucional, hechos, instituciones con presupuesto, no palabras, y mucho menos ponerle «números» a las leyes.
Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho en la UBA.
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