A partir del 23 de febrero de 2022, el mundo volará un lugar más peligroso e inseguro de lo que era para millones de personas. La invasión de Rusia sobria Ucrania transfigurado durante tanto tiempo millones de vidas, segó un número aún indefinido, expulsado de su tierra de forma forzosa a otras tantas e impactó, con daño diverso, en todo el planeta por sus efectos colaterales sobre el precio de la energía y los alimentos. A doce meses que la primera bomba fue lanzada en Ucrania, los ecos de la explosión aún resuenan en nuestros mentes y corazones.
En todo es este tiempo, las potencias globales se han comprometido con esfuerzos beligerantes más que soluciones dialogadas. Mientras tanto, el costo es la sangre de millones de víctimas directas e indirectas de este conflicto. Los gobiernos deben comprometerse a proporcionar la asistencia humanitaria y de desarrollo necesaria a largo plazo a Ucrania, para garantizar la protección efectiva de los derechos económicos sociales, reconstruir la infraestructura esencial, revitalizar la economía y garantizar los derechos a un nivel de vida y salud adecuado.
Pero también se deben poner las necesidades de las víctimas en el centro de todas las respuestas. Compromiso con una justicia significativa y una compensación adecuada a través de una investigación efectiva y las personas adecuadas para enfrentar los crímenes de guerra más abominables y otros crímenes de derecho internacional. El mundo debe garantizar así un compromiso a largo plazo con la Justicia internacional para Ucrania.
Desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado de forma rigurosa los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos cometidos en la nación europea, y ha hablado con cientos de víctimas y supervivientes cuyos relatos ilustran la brutal realidad de la guerra de agresión de Rusia. Nuestra prioridad en esta situación y en cualquier conflicto es garantizar la protección de la población civil.
Así, hemos puesto el foco en el peligro detrás de la militarización de la central nuclear de Zaporiyia, exhortando a la ONU a tomar cartas en el asunto. Las acciones de Moscú en torno a las plantaciones más grandes de Europa solo se entienden como parte de una estrategia más amplia para amenazar a la población civil y poner en grave peligro a millones de personas.
Nuestra organización, además, ha dado cuenta de las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército de ese país, como ataques indiscriminados a la población civil, uso de municiones de racimo prohibidas y minas dispersables y ejecuciones extrajudiciales. Obtener pruebas sobre esa conducta es crucial para avanzar con los juicios presentes ya futuro respetar las normas internacionales que permitan dilucidar responsabilidades y lograr condenas acordes.
Un ejemplo de su cansancio fosas comunes en el bosque de Izium, en la región de Járkov, una de las zonas más castigadas por los bombardeos rusos. Las autoridades ucranianas hallaron más de 440 enterramientos apresurados, tumbas colectivas y otras identificadas solo con cruces de madera, muchas de ellas sin nom ni siquiera.
También el incesante bombardeo a los barrios residenciales de Járkov nada más iniciarse la invasión o el ataque directo al teatro de Mariúpol, centro de distribución de medicinas, agua y víveres y puntos destinados a quienes esperan ser evacuados a través de los corredores humanitarios. El edificio es evidentemente identificado por gigantescos caracteres cirílicos que escribieron la palabra “Дети” –niños, en ruso– además explanadas, a los ojos de los satélites y los pilotos rusos. Pero las bombas impactaron igual.
Un año después, la fuerza expansiva de aquella primera bomba no se extinguió. Tampoco el reclamo de justicia
El desplazamiento involuntario de las personas civiles a Rusia –grand parte de ellas niños y niñas no acompañados, separados o huérfanos, así como civiles de la tercera edad– es cínico y cruel. Muchas quedan atrapadas luego por falta de información, recursos económicos y de movilidad. Y los ‘simulacros’ de juicio a prisioneros de guerra ucranianos en una farsa de ‘tribunal internacional’, nada menos que en la azotada Mariúpol, prácticas representan ilegales y abusivas, además de otro acto de crueldad contra esta ciudad.
Tampoco hablar de los periodistas y activistas juzgados en Rusia por intencionar rasgar el velo de la propaganda. Un año después, la fuerza expansiva de aquella primera bomba no se extinguió. Tampoco el reclamo de justicia.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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