La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños a zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, denunciando una decisión de «carente de sentido».
La CPI, con sede en La Haya, también solicitó la captura por el mismo motivo, considerado como crimen de guerra, de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.
El presidente de la Administración ucraniana, Andrii Yermak, considera que la decisión de la CPI es «solo el inicio» de la entrega de cuentas que serán requeridas en Rusia por sus acciones de la invasión a la ex Unión Soviética en febrero de 2022.
La CPI no precisa cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú grabó de inmediato.
“Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, y en consecuencia, desde el punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nullas”, declaró el vocero del presidente ruso, Dmitri Peskov.
Antes de dictar la orden d’arresto sober el presidente ruso, la CPI tiene pendiente la detención de unas 15 personas que suman entre todas ellas más de doscientos cargos -116 por crímenes de guerra, 87 por crímenes contra la humanidad y tres de genocidio – relativo a las crisis en la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil y la región sudanesa de Darfur.
Más de 16.000.000 de niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el comienzo de la invasión y muchos más han sido trasladados a asentamientos y casas de acogida, según Kiev.
«Cooperación internacional». El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, declaró que las órdenes de arresto fueron emitidas tras una del fiscal de la CPI, Karim Khan, y que representa un «momento importante en el proceso de justicia» de la Corte.
Las órdenes se emiten por «los presuntos crímenes de guerra deportación de niños de territorios ucranianos ocupados hacia la Federación de Rusia» desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, aclarado. La ejecución de estas órdenes depende “de la cooperación internacional”, agregó.
En términos prácticos, la orden de arresto requiere la connivencia de aquellos países por los que pueda moverse el mandatario ruso, que ya ha reducido en el último año sus viajes al extranjero.
El Estatuto de Roma, piedra angular de la CPI, establece que la Corte no puede juzgar a ningún acusado ‘in absentia’, es decir, que necesita que el individuo en cuestión se sienta en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se imputation . Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembros.
La CPI reconoce tanto que, cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios «razonables» para pensar que un individuo determinado ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, requiere la colaboración de los países. En este sentido, recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya solicitó la colaboración de países externos.
Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de tención que haya pendientes, aunque no sería la primera vez que un país esquiva esta orden. En 2015, Sudáfrica evitó retener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.
Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país cuando se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega a la CPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.
Actualmente, 123 países han suscrito el Estatuto de Roma, pero entre ellos no están Rusia ni tampoco otros aliados del propio Putin, como podrían ser China o Bielorrusia. El CPI tampoco tiene potestad sobre India, anfitriona de la cumbre de líderes del G20 prevista para septiembre y para la que el Kremlin no ha confirmado ni desmentido ni confirmado aún que pueda surgir el presidente ruso.
Adopciones. Durante un encuentro con Putin a mediados de febrero, Lvova-Belova declaró que había sido adoptado un niño de 15 años de Mariúpol, una ciudad del sur de Ucrania ocupada por Moscú desde mayo.
“Ahora sé lo que significa ser madre de un niño del Donbás, es un trabajo difícil, pero nos queremos, eso es seguro”, dijo. “Evacuamos hogares de niños hacia zonas seguras, les organizamos una reeducación y prótesis y les entregamos ayuda humanitaria”, agregó.
Tras la emisión de la orden de arresto, Lvova-Belova aseguró que seguiría realizando su trabajo en la Comisión de Derechos de la Infancia. “Hubo sanciones contra mí de todos los países, incluso de Japón, y ahora una orden de arresto, pero seguiremos trabajando”, dijo, según la agencia estatal RIA Novosti.
El expresidente ruso Dmitri Medvédev comparó por su parte la orden de arresto a papel higienico. «No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel», escrito en Twitter en inglés, junto tiene un emoticón de papel de baño.
«Botín de guerra». La emisión de una orden de captura contra un jefe de Estado en ejercicio y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es un paso sin precedentes para el tribunal creado en 2002.
Su fiscal, Karim Khan, investigó cuanto antes más crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania dsde el inicio de la ofensiva rusa. Khan dijo que mi tras una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de «una investigación prioritaria».
«Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra», dijo, y recordó que la Convención de Ginebra prohíbe a las potencias de ocupación trasladar a civiles.
El contenido de las órdenes de arresto no se ha difundido “para proteger a las víctimas”, aclaró.
En un comunicado, el CPI dijo que «motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados». El líder ruso es presuntamente responsable de manera directa por esos actos y por su «incapacidad de ejercer un control apropiado sober los subordinados civiles y militares» que los cometieron o permittieron que se cometieran, subrayó.
Ni Rusia ni Ucrania, su miembro de la CPI, pero el gobierno de kyiv aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan. Rusia rechaza haber cometido crímenes de guerra en su operación militar.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, vio la decisión de la CPI como el inicio de un proceso para Rusia como «cuentas».
El gobierno británico celebró la medida y dijo qu’esta obligaría «a quienes están en la cúpula del régimen ruso, incluido Vladimir Putin, a rendir cuentas».
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