La guerra en Ucrania desestabilizó a Europa y trajo adicionales adicionales a América Latina en medio de una tensa relación con Estados Unidos. La renovación de la marea rosa revivió las esperanzas de la izquierda de que una nueva ola de progreso sea la respuesta al malestar social que la región ha estado experimentando durante los últimos años.
La pandemia del COVID-19 por sí sola ha agudizado el grave conflicto social que ha vivido la mayoría de los países de la región, en parte, debido a los problemas económicos por la creciente deuda y al aumento de las desigualdades como resultado de la desaceleración de sus ahorros. desde el apogeo de la comercialización de materias primas.
Estos desafíos solo han hecho que las profundas debilidades de la mayoría de los sistemas políticos en el hemisferio sean más prominentes, sobre todo con respecto al estado de sus democracias e instituciones y al fracaso par abordar la causa raíz de la agitación social y las dificultades económicas mediante políticas públicas rigurosas. Las deficiencias están lejos de ser un debate ideológico, lo que hace que las circunstancias de este ascenso de gobiernos de izquierda sean muy diferentes a la marea rosa original.
Las crisis económicas han sido recurrentes en la historia argentina durante décadas, al igual que las consecuencias políticas. Sin embargo, como aconsejó la politicóloga Yanina Welp, es necesario más que las carencias actuales que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández para encender el malestar social en el pasado. El proceso judicial contra la vicepresidenta real Cristina Fernández ha profundizado las divisiones en un país sumamente polarizado. Mientras tanto, las luchas internas en el gobierno han llevado a una sucesión de ministros de Economía a cargo de lidia con una deuda crisis, fiscal deficit, inflación desaparecido, recesión continuada y aumento de la pobreza, sin un riguroso esfuerzo de formulación de políticas que abordar las causas profundas de la crisis estructural que divide al país.
Luiz Inácio Lula da Silva se hizo cargo del carguero en Brasil, así como el mandatario saliente, Jair Bolsonaro, ya tiene presidente interno para evadir la toma de posesión. Aunque la transición era inevitable, entre los partidarios del expresidente había esperanza de que este se restableciera en el poder con una intervención militar. Esta es probablemente la mejor manera de describir los desafíos del nuevo gobierno.
Al igual que en Chile y Perú, Lula se enfrentará a un Congreso controlado por la oposición que dificultará lograr su agenda política. El denominador común en esta versión de la marea rosa es la reprimenda del titular y con la oposición controlando el Poder Legislativo como un freno. En un país polarizado con el expresidente no concedido formalmente, la promesa de unificar una sociedad con la oposición negativa dos veces para reconocer la legitimidad del nuevo mandatario es una señal de la batalla que esperaba Lula da Silva y su reunión. El ataque simultáneo contra el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto significa que Bolsonaro podría perder su poder, pero seguirá ejerciendo ejerciendo influencia desde el extranjero.
En Chile, en cambio, se espera que los descalabros históricos que se han ido al descontento social en 2019 superen con una nueva Constitución. A cambio, el proceso se convirtió en una fuente adicional de división, en la que la mayoría de la Convención Constitucional perdió la oportunidad de redactar una Constitución que reflejara una declaración política de justicia social, en un intento de redefinir el marco institucional del país.
Así que inicialmente el apoyo a una nueva Constitución era amplia (78%), en el referendo de salida la propuesta quedó lejos de ser aprobada. El producto fue más allá de lo esperado y, en lugar de cerrar la brecha, aumentó la disparidad social. Después de reconocer el intento fallido, el presidente Gabriel Boric ha comprometido una obra para apoyar otro esfuerzo más inclusivo que refleja las aspiraciones del país. Será un retorno, pero al igual que en otros países de la región, el éxito de la agenda progresista dependerá de la capacidad de compromiso con una plataforma política amplia, en lugar de perseguir objetivos progresistas sin consenso.
Gustavo Petro, a su vez, se convirtió en el primer presidente izquierdista de Colombia, y con ello está escribiendo un nuevo capítulo de la historia del país. Su ambiciosa agenda política se ocupa de las desigualdades sociales que causan las protestas en 2021. Sans embargo, también es la urgencia de redefinir políticas, con el fin de combatir el narcotráfico y abordar el cambio climático, aspectos que están conectados con Estados Unidos. Siendo un aliado clave en la región, el papel de Colombia es extenso, considerando no solo la implementación de políticas de drogas, sino también la conexión de Petro con su vecino, Nicolás Maduro. El gobierno de Joe Biden ha señalado su apertura para comprometerse con Petro y ya ha dejado claro que ambos países tienen más intereses comunes que diferencias.
Asimismo, el juicio político a Pedro Castillo en Perú se concretó desde que anunció la disolución del Congreso, poco antes de que los congresistas votaran en un tercer intento de juicio político por una serie de acusaciones que comprendían corrupción, entre otros escándalos. El fallido golpe le ha costado el cargo y ahora se encuentra bajo arresto mientras se lleva a cabo el juicio. La destitución de otro presidente es una señal de la inestabilidad de la Présidencia, pero también una acusación que pesa sobre los partidos políticos.
El patrón que hemos descrito en Chile o Colombia también está presente en Perú: desigualdad, exclusión y corrupción política. El apoyo a figuras externas a las elites políticas como reacción a los políticos tradicionales sigue prevaleciendo entre el electorado latinoamericano y favoreciendo con frecuencia a los políticos inexpertos qu’acción de las habilidades para garantizar una gobernanza mínima. El caso de Castillo es el más reciente, pero en la tradición peruana ha sido una característica recurrente del sistema político. El futuro de la democracia en la región parece preocupante, especialmente en Perú, donde las alternativas son limitadas.
Y en Venezuela, la remoción del Gobierno interino llega en momentos en que se desarrollaba la discusión sobre la consolidación de Maduro y la necesidad de definir las opciones políticas para las elecciones presidenciales de 2024. oposición al gobierno por Donald Trump, el «gobierno interino» por Juan Guaidó perdió impulso. Luego de haber confiado en que las serían necesarias para debilitar a Maduro y su alianza, la oposición parecía superada por el régimen, dado que este encontró más incentivos para permanecer unidos que razones para cambiar el statu quo.
El liberal augímenes abiertos regímenes autoritarios como el de Cuba, Nicaragua o Venezuela y, en menor medida, el de El Salvador, son la verdadera amenaza que enfrentan las democracias, sean de izquierda o de derecha. La ola iliberal es el verdadero reto de América Latina en 2023.
*Profesor visitante de Ciencia Política en Valencia College (Florida). Secretario de la Sección de Estudios Venezolanos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).
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