La iniciativa legal destinada a proteger el Parque de las Cavernas del Río Camuy sigue sin resolución, mientras que la gobernadora está revisando la medida que fue pasada por la Legislatura. El plan, que recibió aprobación unánime tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, tiene como objetivo asegurar que la dirección, operación y preservación de este notable parque natural continúen bajo la administración exclusiva del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Aunque hay un acuerdo legislativo, la gobernadora todavía no ha decidido si aprobará la propuesta que recibió el 25 de junio. Ante las preguntas de varios grupos, la gobernadora afirmó que está revisando la iniciativa con el apoyo de sus consultores y equipo legal. Indicó que cualquier resolución debe realizarse «de manera responsable», después de evaluar sus consecuencias legales y administrativas.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy, considerado una joya del patrimonio natural puertorriqueño, ha sido objeto de múltiples debates en los últimos años debido a propuestas de privatización o de traspaso parcial de su manejo a otras entidades. La nueva legislación busca evitar precisamente esas posibilidades, estableciendo por ley que cualquier operación relacionada con el parque debe estar en manos del DRNA, que es el organismo con peritaje en el manejo ambiental y la conservación de ecosistemas.
El texto legislativo responde a preocupaciones de organizaciones ambientales, comunidades cercanas y empleados públicos, que temen que un modelo de concesión a terceros pueda derivar en la degradación de este recurso natural o en la exclusión de sectores vulnerables del disfrute del mismo. Diversas voces han denunciado la posibilidad de que se prioricen los intereses comerciales por encima de la protección ecológica.
El DRNA ha manifestado disposición para una administración compartida que posibilite colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro o de la iniciativa privada, siempre que estén bajo la supervisión del gobierno. No obstante, grupos legislativos y ciudadanos han demandado una garantía más sólida para prevenir que el parque se transforme en un proyecto turístico sin regulaciones ambientales.
Durante su rueda de prensa habitual, la gobernadora no proporcionó información adicional sobre si apoya o se opone a lo propuesto en el proyecto. Su equipo insistió en que están analizando todos los elementos de la iniciativa y considerando su factibilidad desde el punto de vista económico y legal. Por ahora, la indecisión genera dudas sobre el destino del parque.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy abarca tres municipios en la región norte de la isla y es hogar de uno de los sistemas de cuevas más extensos del hemisferio occidental. Durante muchos años, ha sido un punto de interés turístico crucial, además de servir como un lugar para la investigación científica y la preservación. El huracán María en 2017 causó graves destrozos en su infraestructura, y desde entonces, su reapertura ha sido gradual y ha enfrentado numerosos desafíos.
El reinicio total del parque aún está en espera, y algunas áreas piensan que la aprobación de esta legislación podría facilitar la obtención de recursos y definir una estrategia clara de protección. No obstante, hay inquietudes sobre la actual capacidad operativa y financiera del DRNA para asumir completamente esta obligación.
Aunque se espera la resolución por parte de la gobernadora, el asunto ha generado gran interés entre la población, especialmente en áreas vinculadas al medio ambiente, la academia y el turismo. La prolongación de la incertidumbre podría demorar todavía más las iniciativas para renovar el parque y fortalecer su papel en el fomento del ecoturismo y la enseñanza ambiental.
El desenlace de esta medida marcará un precedente para otros recursos naturales del país, en momentos en que se intensifican los debates sobre el manejo de bienes públicos y la participación de entes privados en su desarrollo. La firma o veto de esta propuesta legislativa tendrá implicaciones duraderas sobre el modelo de gobernanza ambiental que se aplicará en Puerto Rico en los próximos años.
